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Persecución política en Austria
El 21 de mayo de 2008, unidades especiales de la policía austríaca detuvieron a 10 activistas defensores de los animales que habían colaborado en campañas en la exitosa escena animalista austríaca. Los activistas, entre ellos un antiguo asistente de investigación de la Universidad de Cambridge, ingresaron en prisión preventiva. El Ministerio del Interior declaró que, de esta forma, se habían detenido a importantes miembros de una organización criminal supuestamente responsables de varios incendios, ataques con ácido butírico y amenazas de bomba realizados.
Por el contrario, los detenidos insistieron en que la querella presentada no constituía prueba alguna de ningún tipo de acción criminal. En su lugar lo que existía era una descripción del trabajo relacionado con campañas que pretendían lograr una mejora de la situación legal y de la política comercial con respecto a los animales. Uno de los detenidos protestó contra estas medidas con una huelga de hambre que duró 39 días. Se vertieron fuertes críticas por parte de conocidas personalides y organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Los Verdes.
Después de más de 3 meses, la fiscalía superior ordenó la liberación de los activistas, haciendo constar que la duración de la prisión preventiva debía estar en relación con la pena esperada. Con ello se redujo considerablemente el interés general en torno al tema, no obstante el caso estaba lejos de haberse cerrado. En febrero de 2010, la fiscalía hizo público que se habían encontrado pruebas suficientes para someter a juicio a 13 activistas defensores de los animales, incluyendo a los 10 que pasaron 3 meses en la cárcel.
Cuatro de los activistas publicaron su sumario de acusaciones en Internet. Se confirmaron las peores sospechas, pues en dichos sumarios no pudo encontrarse ni una sola referencia a actividades criminales. Por el contrario, lo que se ponía de manifiesto era que la supuesta filiación de los activistas a una organización criminal se derivaba de una larga lista de opiniones personales y actividades políticas, como la organización de manifestaciones y actos públicos.
El juicio se prevé que dure unos 6 meses. Sobre los activistas pende la amenaza de hasta 5 años de prisión y cada uno de ellos deberá pagar costes de abogados de más de 35.000 euros. Incluso aunque el proceso terminase con su absolución, este importe no se les devolverá.
Todo esto no podemos tolerarlo. El estado austriaco no puede intimidar a sus ciudadanos con la ruina económica y amenaza de cárcel por causa de actividades políticas.