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Los cuatro activistas que hicieron públicos los documentos que contenían información sobre las acusaciones (entre ellos Martín Balluch y Christian Moser, que fueron detenidos en prisión preventiva durante tres meses) han sido acusados de acuerdo con el artículo 278a del Código Penal austriaco de ser miembros de una organización criminal. A esta supuesta organización se le considera responsable de diversos delitos, como amenazas o ataques a propiedades, cometidos por individuos desconocidos contra compañías o personas asociadas a la venta de pieles, la experimentación animal, la caza u otros usos similares de animales.
Pero cuando estudiamos cuidadosamente los documentos, la única conexión probada entre los cuatro activistas y los hechos delictivos son las siguientes:
- aunque los autores de los delitos son desconocidos, es evidente que la motivación de sus actos era la misma que la motivación de los cuatro activistas para realizar protestas legales y activismo – es decir, animar a una tienda a que deje de vender pieles;
- como periodista de un programa de radio, Martin Balluch informó en varias ocasiones que dichos delitos fueron cometidos;
- los cuatro activistas han expresado ocasionalmente opiniones, sobre todo en foros de Internet, lo cual es considerado por la fiscalía como evidencia de que están a favor de estos delitos.
Basada en esta “evidencia”, la fiscalía afirma que las actividades legales de los cuatro activistas y los delitos cometidos por autores desconocidos deben ser considerados parte de una campaña llevada a a cabo por una organización criminal, lo que significa que incluso el activismo legal es un acto criminal ya que apoya a esta supuesta organización criminal.
Este es el motivo por el cual actividades normales de ONGs como filmar las condiciones de las granjas, organizar manifestaciones, conferencias o talleres, almacenar panfletos contra la caza o discutir estrategias de campañas, todas ellas están listadas en los documentos junto con las acusaciones en contra de los activistas, sin siquiera intentar probar que se cometió algún tipo de delito en el contexto de dichas actividades. Esto es una total negación del estado de derecho.
Los activistas ahora están amenazados con hasta 5 años de prisión. Con 115 testigos invitados por la fiscalía, se espera que el juicio dure 6 meses. Esto no solo significa una interrupción extrema en la vida privada de los activistas, sino también unos elevados costes para su defensa legal, que suman al menos 35 mil euros por persona. La ley austríaca no da derecho a los activistas de que se le reembolse esta cantidad de dinero, incluso si finalmente se les considerase inocentes de los cargos.